Así nos vendían diésel adulterado en gasolineras 'low cost'.

Traían el diésel modificado desde Europa del Este sin pagar impuestos, lo almacenaban en varios gasocentros clandestinos y lo distribuían a gasolineras de marca blanca y 'low cost' de toda España que no pagaban el IVA. Sólo en la provincia de Valencia se han localizado más de 30 gasolineras que se abastecían de esta organización y vendían el diésel a precios inferiores al de mercado.

La operación de desarticulación, bajo el nombre de operación Casinos-Brulajo, es el resultado de una compleja investigación llevada a cabo durante más de un año por la Guardia Civil y la Agencia Tributaria. De momento han sido detenidas 22 personas de nacionalidades española, polaca, ucraniana, georgiana y argelina. También se investiga a otras 200 personas, físicas y jurídicas, en España y en varios países europeos por presunto delito fiscal, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

La trama contaba con una completa cadena de distribución, que incluía el aprovisionamiento desde Europa del Este, el almacenamiento en España, las empresas de transporte y la red de distribución final al consumidor. Dirigida desde países de Europa del Este y con responsables a lo largo de toda la costa mediterránea, la organización se estructuraba en células independientes para que unas pudiesen seguir funcionando si otras eran detectadas.

Durante la fase de explotación de la operación, desplegada la semana pasada, se han registrado y desarticulado cuatro 'gasocentros' clandestinos, tres de ellos en las localidades valencianas de Xátiva, Paterna y Silla y otro en Murcia. Se procedió al embargo de más de 130.000 litros de gasóleo modificado, 1.800.000 euros en cuentas bancarias nacionales y extranjeras, 45.000 en efectivo, 14 camiones para la distribución del hidrocarburo, tres vehículos de alta gama, 19 terminales móviles, 12 ordenadores y 10 inmuebles.

Organización con testaferros y sociedades instrumentales

Los investigadores detectaron que la organización criminal adquiría en diversos países de la Unión Europea hidrocarburos para la automoción modificados en su composición técnica para evitar los controles fiscales comunitarios, y los vendía finalmente en las estaciones de servicio conocidas como de marca blanca o 'low cost'. En total se han localizado más de 30 de estas gasolineras distribuidas por la provincia de Valencia que se abastecían de esta organización.

El beneficio fiscal de esta actividad era doble: por un lado, el impago del Impuesto Especial de Hidrocarburos, gracias a la adulteración del producto; y por otro, la falta de ingreso a la Hacienda pública del IVA que repercutían a sus clientes.

Todo ello se realizaba a través de una estructura empresarial que incluía gran número de sociedades instrumentales y de testaferros. La red disponía, además, de diferentes centros de almacenamiento y distribución para toda España. La investigación ha permitido identificar 10 'gasocentros' clandestinos que distribuían el producto por toda la geografía española.

Además del daño causado por el fraude fiscal, estimado en 50 millones de euros, la actuación de la trama ocasionaba un perjuicio para la libre competencia y un fraude al consumidor final. Los precios de venta del producto eran sensiblemente inferiores al precio de mercado, dificultando enormemente la competencia de otras estaciones de servicio que ya de por sí se estaban viendo afectadas por la caída de actividad derivada de la pandemia.

Un producto dañino para los motores

Por su composición, este hidrocarburo escapaba a los controles comunitarios antes de su llegada a España y, por tanto, carecía de garantías de calidad, por lo que su uso continuado en vehículos podría llegar a producir daños importantes en los motores. El hidrocarburo modificado que la red introducía procedente de países del Este incumplía la normativa tributaria e industrial española.

Por su composición, este hidrocarburo escapaba a los controles comunitarios antes de su llegada a España y, por tanto, carecía de garantías de calidad, por lo que su uso continuado en vehículos podría llegar a producir daños importantes en los motores. El hidrocarburo modificado que la red introducía procedente de países del Este incumplía la normativa tributaria e industrial española.

En el despliegue operativo de la pasada semana han participado agentes de la Guardia Civil en la Comunidad Valenciana y 80 funcionarios de la Agencia Tributaria. También ha sido esencial la colaboración desplegada por Eurojust en la ejecución de diversos embargos de cuentas bancarias en el extranjero. La operación sigue abierta y no se descartan nuevas actuaciones tras el análisis de la documentación y archivos informáticos intervenidos.